El siguiente artículo comparte las intenciones del
gobierno al proyecto de modificación a la ley de hidrocarburos 112-00 y a la
modificación del reglamento aplicación de esa ley: 307-01.
Todos
recordamos que el hoy el ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
MICM, Víctor (Ito) Bisonó, con su formulita, en la que decía que casi el 50%
del precio de los combustibles era de impuestos y concluía que: “Tú eres dueña
de Refinería y no lo sabes”.
También
recordamos al entonces senador por la provincia de Puerto Plata José Ignacio
Paliza, cuando desde el senado pronunciaba su célebre frase: “Cuánto abuso al
referirse de que el pueblo dominicano estaba pagando unos US$2.00 dólares por
galón, solamente de impuestos en los combustibles. Dejando entrever que, si el
PRM llegara al poder, eso debería ser revisado”.
Luego
todos vimos al hoy presidente Luis Abinader prometer una modificación a la ley
de los hidrocarburos, evidentemente se entendía que era para hacer bajar los
combustibles y yo pregunto: ¿No se supone que con esa campaña y esos discursos
eran con la intención de hacer una revisión eficaz a la ley 112-00 para hacer
bajar los combustibles a la población? ¿No es eso lo que espera la gente? ¿No son esas sus expectativas?
Pues, lamentablemente
ocurrirá todo lo contrario. Los precios probablemente subirán de precios,
además, hay una amenaza oculta en ese proyecto de ley, y es la de hacer
desaparecer a los administradores independientes de estaciones de combustibles,
como es el caso de los miembros de Anadegas, Asociación Nacional de Detallistas
de Gasolinas, ya que pretenden brindar en bandeja de plata el mercado completo
de los combustibles al poderoso sector importador, formado por dos o tres
familias sonoras y poderosas de la República Dominicana, que han incursionado
últimamente en el negocio de las bombas de gasolina y la importación de
combustibles.
Ese
proyecto de ley en uno de sus considerandos dice: “Que constituye un interés
primordial del Estado dominicano adecuar el proceso de fijación de los precios
de los combustibles a un modelo más eficiente, que promueva la competencia de
los agentes del mercado, con la finalidad de transferir las ventajas y ahorros
al consumidor final”.
En
otras palabras, el Estado está procurando poner a pelear en precios a los
grandes importadores de combustibles que tienen márgenes exorbitantes en toda
la cadena de comercialización, desde la importación hasta el detalle. Pues, tienen
verticalizado el negocio con los detallistas de gasolina en las estaciones de
combustibles, que solo ganan y mantienen sus estaciones, sus costos de
operaciones y empleomanía, con un solo margen por cada galón de combustible.
Otra de
las razones peligrosas de ese proyecto de modificación de la ley y que
evidencian la protección al importador es que en el PPI, que es el Precio de
Paridad de Importación, la fórmula actual del cálculo de los combustibles
consta de siete elementos, y ahora en la modificación, le han añadido seis más
y la han llevado hasta trece elementos de cálculo, por lo que la mayoría es
para favorecer a los importadores, como ha sido siempre, pues, lo toman en
cuenta en el CMT ( Costo por Manejo de su Terminal), “que es un cargo que les permite
a los importadores la recuperación de inversión de capital y los costos de
operaciones anuales. Este cargo incluye los costos operativos y administrativos
ajustados, correspondientes al manejo de su terminal. Incluye sueldos y
salarios del personal, mantenimiento de los equipos, inventarios diarios de los
tanques o esferas, costos de seguros de propiedad y riesgos a terceros,
remuneración razonable al capital invertido o beneficios por importación,
despacho de productos, mantenimiento general de las edificaciones y lugares
accesorios (patios, jardines, caminos internos y entorno de la terminal), todo
esto se determinará utilizando los costos de construcción de dicha terminal”,
más bueno que es así.
Esto
dará lugar a un monopolio que manejará a su antojo el mercado de los
combustibles si pasa como ha sido concebido.
DOCUMENTOS EVIDENCIAN QUE SE VIOLENTABA LA LEY PARA BENEFICIAR A GRUPOS EMPRESARIALES Y ALIMENTAR LAS ARCAS DEL ESTADO.
Santo Domingo, RD. A
través del programa de investigación Reporte Especial de la periodista Julissa
Céspedes, que se transmite por CDN, se evidenció que, durante años,
especialmente entre los años 2012 y 2016, los titulares del Ministerio de
Industria y Comercio aprobaron resoluciones poco transparentes que
representaron cuantiosas alzas en los precios de los combustibles, algunas de
ellas para favorecer a pequeños grupos empresariales.
Según
se evidenció en el programa de investigación, la administración del ex ministro
José del Castillo Saviñón se caracterizó por aprobar ese tipo de medidas,
algunas de las cuales, en la práctica, se han convertido en impuestos ilegales
que pagamos todos los consumidores de combustibles, sin que ninguna institución
del Estado se opusiera a tales irregularidades.
“El
Ministerio de Industria y Comercio no legisla, quien legisla es el Congreso y
cualquier carga impositiva que se aplique sobre la Ley 112-00 de Hidrocarburos
tiene que pasar por el Congreso, si en el pasado, a nivel de Resolución, han
ocurrido incorporaciones a los precios”.
Tal es
el caso de la Resolución 007-2013 del siete de enero de 2013, la cual impone un
aumento progresivo a futuro, de 80 dólares por galón en el precio de cálculo
base del Gas Licuado de Petróleo (GLP), por concepto de transporte
internacional de ese hidrocarburo, estableciendo la entrada en vigencia de esas
alzas en un plazo de dos años, lo cual, según los economistas, es absurdo, pues
resulta imposible saber cuánto costará el transporte marítimo de combustibles
en un plazo tan largo.
Con esa
resolución, el costo calculado por concepto de Flete en el precio de paridad de
importación del GLP pasada de US$135 dólares con 50 centavos en enero de 2013,
a US$205 dólares con 50 centavos en enero de 2015, aunque durante todo 2014 el
costo que rigió fue de US$225 dólares con 50.
“Al PPI
(Precio de Paridad de Importación) basado en un supuesto sobrecosto en el costo
del transporte marítimo, transporte marítimo que nada más lo hace un solo barco
aquí en RD que fue comprado por ese mismo grupo en el 2003, que debió haber
sido pago como 20 o 30 veces, porque supuestamente salía más caro y no sé qué”.
Lo más
grave de esa medida, es que, a esos montos aumentados en dólares, había que
sumarles los impuestos de verdad, los legales, como el 16% ad valorem y las
comisiones a los mayoristas, minoristas, transportistas, entre otros, por lo
que el aumento en el precio del combustible era exponencial.
Pero
peor que aquello, fue la medida aplicada por el mismo José del Castillo
Saviñón, hoy senador por la provincia Barahona, a través de la Resolución
365-2015 Bis, de fecha 30 de diciembre de 2015, en la que dispone dos nuevos
aumentos en el precio cálculo base del GLP.
El
primero es de otros 30 dólares por concepto, otra vez, del flete internacional
por transporte del combustible, el cual sube ahora de US$2015 dólares con 50 a US$225
dólares con 50 centavos por tonelada métrica de GLP importado. Además, aumentó
otro costo de base para el cálculo del combustible, definido como costos de
operación de la terminal de importación, el cual elevó de US$47 dólares con 50
a US$60 dólares por tonelada métrica.
Esa
Resolución que 365-2015 Bis que estableció un aumento de US$32 dólares con 50
de un solo fuetazo al precio de Paridad de Importación del GLP, sólo tuvo una
justificación: Financiar la ampliación de la terminal de importación de combustibles
de San Pedro de Macorís, propiedad de la empresa Coastal Dominicana, tal como
ésta lo solicitó a ese ministerio.
Es
decir, el entonces ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón,
impuso un elevado recargo en el precio de base al GLP que pagamos todos los
consumidores, para que la empresa Coastal pudiera ampliar su capacidad de
importación de combustibles y, por ende, ganar más dinero.
Ese
decir, que, entre enero de 2013 y diciembre de 2015, José de Castillo Saviñón
elevó el precio de base para el cálculo del precio de GLP, el combustible más
consumido en la República Dominicana, en US$112 dólares, a lo que se suman los
impuestos y demás cargos.
La
investigación de la periodista también reveló que el monto denominado Gasto de
Administración de Ley, mejor conocido como GAL, el cual también se le carga al
precio base del combustible, no está transparentado y ni siquiera los más
estudiosos del tema conocen con precisión a cuánto asciende.
Fin de la cita.
Cómo se
puede ver, al presidente Luis Abinader le han presentado una modificación a la
ley de hidrocarburos 112-00 que de seguro no fue lo que él pidió, pues es
evidente que su interés ha sido el de lograr una buena administración del
manejo de los cálculos del famoso PPI y lograr ahorros que pudieran ser
transferidos al consumidor final.
Es
necesario dar a conocer a la opinión pública nuestra inquietud, pues, este
proyecto de ley fue elaborado en un silencio absoluto con un gran hermetismo y
ni siquiera dieron la oportunidad, como han hecho en otras ocasiones, de darlo a conocer a la opinión pública para
su estudio y opiniones de los sectores interesados, sino que lo han enviado al
Congreso para que sea en ese hemiciclo donde se hagan las sugerencias, cuando
debió de llegar allí ya consensuado porque se supone que el gobierno tendría la
buena voluntad de hacer una buena reforma a esa ley.
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