La Ley de Extinción de Dominio es la herramienta que falta para dar al crimen organizado el golpe que más le dolerá: la pérdida de los patrimonios adquiridos a través de sus actos ilícitos.Mientras no tengamos y apliquemos con rigor este mecanismo, la lucha contra el narcotráfico y otras mafias quedará limitada y los bienes o activos decomisados temporalmente podrían retornar a su misma ilicitud de origen.
Al no contar con esta arma legal poderosa de disuasión y de consecuencias reales, bienes multimillonarios incautados temporalmente se exponen al deterioro por desuso, o a la rapiña subrepticia de funcionarios que hacen de ellos un gratuito “botín de guerra”.
Muchos de esos bienes, una vez bajo la propiedad del Estado, pueden tener otras utilidades. Los inmuebles pueden ser asignados a instituciones de servicio; los aviones y lanchas a las fuerzas armadas y los vehículos, una vez subastados, pueden generar ganancias para financiar actividades nobles.
Ahora que el gobierno del presidente Luis Abinader ha emprendido la más amplia y a la vez riesgosa ofensiva contra la corrupción y el narcotráfico es apremiante darle un soporte crucial aprobando esta ley.
Si no ha avanzado el proceso de aprobarla en el Congreso es porque subyace una traba que la reprime: la presencia de agentes directos o cómplices del crimen organizado que se han enquistado en ese y otros poderes del Estado y que maniobran en contra.
Es hora de que los partidos representados en el Congreso le demuestren al país que no apañan esta retranca ni que están sirviendo de tontos útiles de las mafias que han dañado la institucionalidad del Estado.
En esta gran cruzada en la que el presidente Abinader ha dado el primer banderazo, corriendo infinidad de riesgos, la sociedad no puede quedar rezagada ni con los brazos caídos, sino apoyarlo con una firme demanda al Congreso para que no le siga dando largas, sospechosamente, a la Ley de Extinción de Dominio.
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