Mientras no tengamos y apliquemos con rigor este mecanismo, la lucha contra el narcotrĆ”fico y otras mafias quedarĆ” limitada y los bienes o activos decomisados temporalmente podrĆan retornar a su misma ilicitud de origen.
Al no contar con esta arma legal poderosa de disuasión y de consecuencias reales, bienes multimillonarios incautados temporalmente se exponen al deterioro por desuso, o a la rapiƱa subrepticia de funcionarios que hacen de ellos un gratuito “botĆn de guerra”.
Muchos de esos bienes, una vez bajo la propiedad del Estado, pueden tener otras utilidades. Los inmuebles pueden ser asignados a instituciones de servicio; los aviones y lanchas a las fuerzas armadas y los vehĆculos, una vez subastados, pueden generar ganancias para financiar actividades nobles.
Ahora que el gobierno del presidente Luis Abinader ha emprendido la mÔs amplia y a la vez riesgosa ofensiva contra la corrupción y el narcotrÔfico es apremiante darle un soporte crucial aprobando esta ley.
Si no ha avanzado el proceso de aprobarla en el Congreso es porque subyace una traba que la reprime: la presencia de agentes directos o cómplices del crimen organizado que se han enquistado en ese y otros poderes del Estado y que maniobran en contra.
Es hora de que los partidos representados en el Congreso le demuestren al paĆs que no apaƱan esta retranca ni que estĆ”n sirviendo de tontos Ćŗtiles de las mafias que han daƱado la institucionalidad del Estado.
En esta gran cruzada en la que el presidente Abinader ha dado el primer banderazo, corriendo infinidad de riesgos, la sociedad no puede quedar rezagada ni con los brazos caĆdos, sino apoyarlo con una firme demanda al Congreso para que no le siga dando largas, sospechosamente, a la Ley de Extinción de Dominio.
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