Con su firma, los
actores se comprometen a unir voluntades para hacer efectiva y prioritaria la
demanda colectiva sobre el servicio energético, que por décadas ha sido
deficiente, poco confiable y de alto costo.
Así lo ratificó
Antonio Almonte, ministro de Energías y Minas, al dirigir un discurso durante
la firma del Pacto Eléctrico, en una ceremonia celebrada en el Palacio
Nacional, donde destacó que “el presente gobierno, encabezado por el presidente
Luis Abinader, se compromete a impulsar el cumplimiento de este gran acuerdo
nacional en todos los aspectos”.
El documento, que
alcanzó consenso en 112 puntos de los 126 que contiene, compromete a sus rubricantes
ejecutar acciones que eliminen los sobrecostos y distorsiones, promover la
expansión del uso de las fuentes renovables, reducir al mínimo la contaminación
ambiental e introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión,
distribución y comercialización en el sector energético.
Respecto a los 14
puntos donde no se ha llegado a un acuerdo, Almonte afirmó que se continuarán
trabajando para lograr un consenso, y adelantó que en los próximos días se
anunciará una licitación pública para la instalación de 800 megavatios de
energía a gas propano y una terminal gasífera en la zona de Manzanillo, así
como de la aprobación de unos 10 contratos para producción de energía renovable
que garantizarán unos 800 MW de energía limpia.
Al hacer referencia a
los puntos en proceso de consenso, el presidente Abinader dijo que “este pacto
no es el ideal, pero si es el posible”, por lo que seguirán trabajando hasta
lograr que el sistema energético del país deje de ser una carga para el
Gobierno, subrayando que en la actualidad representa un déficit de 58 mil
millones, “lo cual es insostenible para un gobierno que pretende ejecutar cambios”.
Se destacó que varias
de las propuestas establecidas en el pacto son aplicadas desde que el Gobierno
actual asumió el mando. Entre la declaración del Decreto 342-20 que crea la Comisión de Liquidación de la
CDEEE, la eliminación de dos de los tres consejos de las distribuidoras, así
como las auditorias financieras a las que son sometidas, la eliminación del
consejo Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y el lanzamiento de
una licitación internacional para que sea auditado el proceso de construcción
de Punta Catalina.
Dentro de propuestas
el pacto establece que serán tomados en cuenta los desafíos globales que
plantea el cambio climático, es decir que, cada acción tiene que ser ejecutada
en base a fuentes renovables y no renovables, lograr los objetivos de seguridad
energética, y satisfacer la demanda de electricidad en condiciones de
suficiencia, eficiencia y confiabilidad.
Firmaron el acuerdo el
presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro Almonte,
de Energía y Minas; Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia; José
Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Celso Marranzini,
director ejecutivo del Gabinete Eléctrico y Rafael Toribio, presidente del
Consejo Económico y Social (CES).
Representantes de los
partidos políticos, sindicales y sectores sociales también participaron de
firma.
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