Ante de los debates generados por la legalidad del cobro de las mutas y el uso de los fondos, el prestigioso médico cirujano, entiende que las sanciones a la ciudadanía por violar el toque de queda y las medidas contra el Covid-19, pueden bien utilizarse para brindar salud a las personas contagiadas.
Indicó que en vez de cuestionar al Ministerio Público, los diferentes sectores deberían plantear soluciones a la situación que vive el país, especialmente con las personas que conscientemente violan las normas sanitarias para frenar el Covid-19.
En ese sentido, Asmín Aquino deplora el papel de varios legisladores que cuestionan el proceso de multas del Ministerio Público en lugar de presentar un proyecto con carácter transitorio que permita reforzar el rol de las autoridades para evitar la propagación del virus.
Señaló que el Gobierno que preside Luis Abinader ha escuchado las diferentes propuestas de todos los sectores, desde el libre tránsito, flexibilizar los horarios, abrir centros comerciales, iglesias, restaurantes, hoteles, entres otros espacio, pero también se han producido exceso tanto de algunos sectores de la población como de dueños de algunos negocios.
No obstante, el facultativo de la salud planteó que el objetivo es ayudar a transparentar el cobro de la multas, y en tal sentido, propuso, además crear un sistema de registro y que mediante una cuenta especial los fondos sean depositados en el Banco de Reservas, para que el Ministerio de Salud adquiera las pruebas PCR o la vacuna contra el coronavirus.
Se recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que las multas que pagan quienes violan el toque de queda van desde los 1,000 pesos a los 100,000 pesos y que hasta ahora al Ministerio Público han ingresado 92,7 millones de pesos por ese concepto.
Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar 1,000 pesos; los motociclistas 2,000; una persona que se desplace en un vehículo 5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión 2,000 pesos.
Asimismo, los responsables de bares, restaurantes o centro de diversiones y fiestas privadas que violen las medidas pagarán 100,000 pesos de multa.
El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con 50,000 pesos; el de un vehículo de carga 30,000 y el de una gallera 100,000 pesos, aseguró un comunicado de la PGR difundido en su cuenta de Twitter.
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