Una cosa es querer obtener algún provecho político de la promoción de un proyecto que busca aprobar la entrega de un 30% de los dineros que administran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y otra cosa es que en realidad esto sea factible o viable en la República Dominicana, cuando se supone que en la inmensa mayoría de los legisladores que promueven este proyecto es por todos conocido que la Ley 87-01 en su artículo 97, modificado por el artículo 2 de la Ley 188-07, de fecha 07 de agosto del 2007, establece los parámetros en este caso.
En buen dominicano, si bien es cierto que los trabajadores tienen un dinero importante en sus AFP, no menos cierto es que dichos fondos están invertidos tal y como instruye la Ley, es bueno entender que ese capital no está en una caja fuerte esperando para ser utilizado, no obstante las repercusiones económicas que provocaría la puesta en circulación de RD$219, 666, 269,751.00, que es el equivalente al 30% del total de los fondos de pensiones al 31 de marzo de 2020.
En este punto cito al Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado y al Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu: “Busquemos soluciones para el 100% de los dominicanos y no sólo para el 26.5%, ya que para enfrentar la presente crisis se requiere de los aportes del Estado y de las empresas, y no sólo recaer sobre los hombros y espaldas de menos del 30% de nuestra fuerza laboral, que es la que cotiza en los fondos de pensiones”, liquidar una parte de las inversiones de esos fondos de pensiones significaría un aumento de la masa monetaria, el incremento de la inflación a niveles sin precedentes y perder uno de los grandes activos de la República Dominicana como destino de inversión y economía competitiva, “como lo es su probada estabilidad macro económica, clave para el crecimiento económico sostenido de los últimos años”.
En tal sentido y en mi opinión la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social en lo relativo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), necesita ser revisada, pero no con fines políticos, ni demagógicos como es el caso que se presenta actualmente impulsado por legisladores populistas.
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