Las instituciones a cargo de planes
destinados al alivio de la pobreza, alimentación, nutrición escolar y
protección de población vulnerable en general deberán adquirir los insumos
necesarios para esos programas exclusivamente en la agroindustria y la
industria nacional, siempre y cuando esta demuestre la capacidad de poder
suministrarlos, en procesos competitivos de acuerdo con lo que establece la Ley
Núm. 340-06 de compras y contrataciones públicas.
Así lo instruye el presidente Danilo Medina
en el Decreto Núm. 86-20 emitido el viernes, cuyo principal objetivo es
contribuir al desarrollo de la industria y la producción nacional y, por tanto,
a la generación de empleo.
Entre las instituciones incluidas en el
decreto están el Plan de Asistencia
Social de la Presidencia (PASP), Comedores Económicos del Estado (CEE), el Instituto
Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), la Policía Nacional, el Servicio
Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia (INAIPI), y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).
Además, el Decreto contempla que las
entidades contratantes promuevan una serie de incentivos para que en las
adjudicaciones se tomen en cuenta a las empresas con buenas prácticas de
manufactura y de sostenibilidad ambiental, que promuevan la igualdad de género,
el empleo de personas con discapacidad y la inclusión de personas de la tercera
edad.
El ministro de la Presidencia, Gustavo
Montalvo, afirma que este decreto es un paso más de un Gobierno comprometido
con el apoyo a los sectores económicos nacionales, extendiendo este desarrollo
al territorio.
“En los últimos años abrimos las puertas de
las compras y contrataciones del Estado a la micro y pequeña empresa, en
especial a las mujeres proveedoras; también democratizamos el acceso al
crédito, ampliando los fondos disponibles y bajando las tasas de interés en la
banca pública”, destacó Montalvo, al enumerar otras medidas para impulsar la
economía y generar empleo.
A modo de ejemplo, el ministro recordó que el
Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de una inversión de un poco más de
3,200 millones de pesos en 2012 a más de 25,100 millones anuales en 2019, un
aumento del 668% en ese periodo.
“En los últimos 7 años pasamos de 134
suplidores en 2012 a 1,678 proveedores de alimentos en 2019 gracias a que aumentamos
en 382,000 los beneficiarios, e incrementamos el consumo de leche y pollo en
ese periodo”, explicó.
Lo anterior ha sido posible por los esfuerzos
que ha realizado también el sector privado, sin importar su tamaño, para
responder a las políticas implementadas, participando, aportando e invirtiendo,
para construir juntos gobierno - sociedad, una alianza para el desarrollo del
país.
También, el Decreto crea el Programa
Nacional de Desarrollo de Proveedores del Estado, a cargo del Viceministerio de
Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección
General de Contrataciones Públicas para fomentar una mayor cantidad y calidad
de proveedores del Estado en todo el territorio nacional.
Ambas instituciones, según sus competencias,
elaborarán y difundirán guías, manuales, y utilizarán todos los mecanismos
disponibles para capacitar a las entidades y a los proveedores y proveedoras que
abarca este decreto.
Por otra parte, para comprobar que los
bienes adquiridos por las instituciones públicas provienen de la industria
nacional, el oferente deberá contar con un registro industrial, emitido por el
Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), además de los
otros requisitos que establezcan los pliegos de condiciones. En ese sentido,
Proindustria establecerá, mediante instructivos, procedimientos expeditos para
obtener ese registro.
Disposición refuerza medida del 2019. En mayo del 2019, el presidente Medina
emitió el decreto 168-19, que estableció una nueva reglamentación en la compra
de productos agropecuarios para contribuir al desarrollo económico nacional
sostenible.
En esa ocasión se dispuso que las
instituciones con presencia en el territorio lleven a cabo procesos dirigidos
preferentemente a productores, fabricantes y proveedores de servicios ubicados
en el lugar donde se identifique la necesidad.
Con esta nueva disposición, se extiende la
medida a la agroindustria y a la industria nacional en el ámbito de las compras
que realicen las entidades públicas para atender los planes y programas que
están en el Decreto Núm. 86-20.
Estas medidas y otras más adoptadas, incluyendo
la implementación del Portal Transaccional en 307 instituciones a la fecha, que
conlleva la gestión completa incluida la presentación de ofertas en línea y la
administración de los contratos, tienen como objetivo continuar desarrollando
un modelo de compras públicas que responda a la realidad de los mercados nacional
e internacional, según corresponda, y al bienestar de la población.
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