SANTO DOMINGO.-El senador Euclides Sánchez reveló que tuvo problema para inscribir su precandidatura porque aparece con 13 infracciones de tránsitos y que él no maneja su vehículo, porque tiene chofer.
El senador por La Vega explicó que al parecer existen anomalías en la aplicación de las multas de tránsito, ya cuando acudió a presentar su precandidatura como legislador, él está en el sistema de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con trece multas.
“Yo no manejo porque tengo chofer y sin embargo, aparezco con 13 multas, eso no lo entiendo”.
Dijo que hay muchos dominicanos que no se dan cuenta de que tienen multas en la Digesett, y que en el caso de él, se dio cuenta de ese problema, porque necesitaba un documento de buena conducta.
Sostuvo que las denuncias de personas con multas en la Digesett sin haber cometidos las infracciones la ha sabido de amigos que se han quejados con él de esa situación, lo que consideró de abuso por parte de este organismo.
Dentro de esas infracciones que están a su nombre: Violación a la luz roja y alta velocidad, entre otras.
Qué saber sobre las nuevas multas de tránsito
El conductor no podrá renovar la licencia de conducir o la placa, no obtendrá la inspección técnica vehicular o revista, ni el seguro vehicular. Tampoco podrá obtener certificados de buena conducta o traspasar un vehículo de motor, hasta tanto realice el pago correspondiente.
De no pagar voluntariamente o no impugnar en el plazo establecido, el infractor será declarado en rebeldía.
¿Cuánto tiempo tengo para pagar la multa?
El infractor tiene un plazo de 30 días, a partir de la fecha de comisión de la infracción, para pagar voluntariamente la multa o impugnarla en justicia, pero los pagos realizados después de vencido el plazo sin que la persona haya solicitado la revocación correspondiente, tendrán un recargo de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y sus leyes complementarias.
¿A dónde va el dinero de las multas?
De los ingresos obtenidos por el cobro de multas, el 75% es para la Procuraduría General de la República. El 25% restante, para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
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