Santo Domingo. Dado el crecimiento del comercio estratégico que ha tenido el país en cuanto a la tecnología aplicada al sector salud, minería y construcción entre otros sectores del desarrollo nacional, se demanda un compromiso compartido entre las instituciones que conforman el Estado Dominicano, para evitar que sustancias controladas, puedan ser utilizadas para la fabricación de armas de destrucción masiva.
En este sentido, el Ministerio de Defensa sirve de punto focal y apoya a las reuniones multisectoriales del país que dinamizan las discusiones en torno al control de productos químicos, biológicos o radiológicos tipificados como de uso dual, que son utilizados con fines pacíficos por la industria nacional, como parte del plan de acción presentado por el Estado dominicano ante la ONU y que contempla un seguimiento continuo a los mandatos de esta resolución.
Otros de los compromisos adquiridos ante la ONU, tiene que ver con la estructuración del Proyecto de Ley de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la capacidad del fortalecimiento normativo para la aplicación de herramientas operativas. Es así como con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ha sido posible avanzar en el proyecto que actualmente evalúa el Poder Ejecutivo y que sería sometido ante el Congreso Nacional para convertirlo en Ley y auspicia una serie de capacitaciones para profesionalizar al recurso humano en este sentido.
Sonia Fernández, Coordinadora del Programa de Acuerdos Internacionales de Control de Armas y No Proliferación de UNLIREC, encabeza el Seminario y aseguró que representantes de los ministerios dominicanos de Defensa, Salud Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Energía y Minas, Interior y Policía y Relaciones Exteriores, así como la Comisión Nacional de Energía, el Instituto Dominicano de la Calidad y la Dirección General de Aduanas, están bien encaminados con relación a los mecanismos necesarios para que desde las distintas fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país, sean establecidos los mecanismos de control para estos elementos y sustancias a través de una línea operativa.
“Rutinariamente, se celebran reuniones multisectoriales en otros países como Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guyana, Belice y Perú, siguiendo un Plan de Acción del programa con la participación voluntaria y el apoyo de los Estados comprometidos”, aseveró Sonia Fernández durante el encuentro.
Con la resolución 1540 (2004), el Consejo de Seguridad de la ONU decidió que todos los Estados miembros deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines terroristas.
En el caso de la República Dominicana, la Constitución en su artículo 67 numeral 2, prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos.
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