La Dirección General de Bienes Nacionales vendió mil toneladas de chatarras por un monto superior a los 6 millones de pesos.
La subasta pública que contó con la asistencia de representantes de las instituciones oficiales de control, la periodista Consuelo Despradel con el propósito de asegurar la debida transparencia de la actividad.
Fueron vendidas 967 toneladas de metales pesados para fundir y 33 toneladas de metales livianos, descargados por distintas instituciones del Estado, que tuvieron un precio de puja inicial que osciló entre los RD$6,375.00 y RD$ 3,992.96 la tonelada, para chatarras de metales pesados para fundir y chatarras de carrocerías de vehículos livianos, respectivamente, por un monto total de RD$6,665,097.30.
La subasta fue encabezada por el Asistente del Director General de Bienes Nacionales, Doctor Emilio Rivas, Doctor Elsido Díaz, así como la Licenciada Rosa Rosa, en Representación del Ministerio de Hacienda y la Doctora Ana Joaquina Mora, por el Catastro Nacional.
La comisión de veedores fue integrada por la comunicadora y periodista Consuelo Despradel, el también periodista Ramón Pérez Reyes y el Pastor Guarionex Corona, de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica.
De su lado el Licenciado Mateo Maldonado, de la Contraloría General de la República; los Ingenieros Luis Manuel Lora y Manuel Dipre, en representación del Ministerio de Obras Publicas y el Licenciado Feliz de los Santos, del Departamento de Subasta de Bienes Nacionales, integraron la Comisión de Justiprecio.
La Licenciada Ramona Sosa, ostento la representación de la Contraloría General de la República,; el notario público, Doctor Gilberto Antonio Sánchez Parra y las Subdirectoras Administrativa y Financiera de Bienes Nacionales Licenciadas Antonia Roso y Xiomara Tavares, Robert Tapia, Ana Lugo, Elsa Núñez y Pablo Martínez, también estuvieron en la mesa principal.
Durante este y otras subastas realizadas por la Dirección General de Bienes Nacionales se tomaron todas las providencias que estable la ley sobre la materia para garantizar la debida transparencia, sobre todo en lo que se refiere al tiempo que debe mediar entre la fecha del anuncio de la subasta y la celebración de la misma.
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