El Gobierno tendría que entregar a choferes, cobradores y dueños de vehículos del transporte público, 35,400.00 millones de pesos para sacar de circulación 15 mil unidades de carros y guaguas “voladoras chatarras, en caso de acoger las propuestas presentadas a una comisión oficial.
De acuerdo a la propuesta de empresarios del transporte, y que supuestamente habría recibido la aquiescencia del Instituto Nacional del Transporte (Intrant), el Gobierno pagaría cuatro mil dólares por cada una de las 15 mil chatarras que saldrían de las calles, lo que a la actual tasa representaría un gasto de tres mil millones de pesos para el Estado.
A esto se sumaría una indemnización de 15 mil pesos mensuales, durante seis años para cada uno de los choferes y cobradores, lo que representa una carga en ese período de 32 mil 400 millones de pesos.
En las mesas de discusiones del transporte participan los dirigentes y empresarios Antonio Marte, de Conatra; Ricardo de los Santos, de Fenatrado; Juan Hubieres, de Fenatrano; Reinaldo Pérez, de Unatrafin; Juan Marte, de la CNTT y Alfredo Pulinario, de Mochotran.
Asimismo, Gervacio de la Rosa, de Fettranreno; Eddy Sánchez, de Fenatrapego; Oscar de Jesús, de Fenatrauni; Freddy Méndez, de la Unión de Propietario de Autobuses, y Santiago Zamora, de Codatatur.
El Intrant consintió en otorgar amnistía fiscal a los sindicatos de choferes que se conviertan en empresas, extender la licencia de operación de las rutas a diez años, según el acuerdo arribado entre ese organismo y los transportistas, copia del cual obtuvo El Nacional.
El acuerdo precisa que el Gobierno beneficiará a los cobradores de las guaguas públicas que salgan del sector, como lo indica la Ley 63-17 sobre Tránsito Terrestre.
Los transportistas piden que el Gobierno especialice una partida del subsidio a los combustibles a corto plazo hasta que concluya el reordenamiento, como lo establece la resolución 62 del 2016, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
“Estamos conscientes de que las terminales las utilizarán por todos los operadores urbanos e interurbanos que participen en los corredores que converjan”, reconocen los empresarios del transporte.
Con las propuestas de fideicomiso, dicen que las utilizarían en diferentes tipos de empresas, y hacen énfasis en las cooperativas, también solicitan al Gobierno establecer parámetros de tratamiento para el sector transporte, basado en la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico 158-01.
“Estamos en capacidad de adquirir cuantas unidades el Estado requiera”, sostienen al demandar que el Gobierno les exponga las especificaciones técnicas de los vehículos que se deberán adquirir para los corredores.
Asimismo, los transportistas aceptan la figura del fideicomiso para el sistema de recaudo, pero sin que el Estado intervenga como controlador.
UN APUNTE:
ExcluidosOrganizacones del transporte de pasajeros acusan a las autoridades de excluirlos de las mesas del transporte y dar preferencia a dirigentes que durante décadas se han servido del sistema sin aportar soluciones al caos en el tránisto.
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