“La orden de libertad aún no ha sido ejecutada por la fiscal del Distrito, aludiendo que necesita de la sentencia integra de libertad para dar cumplimiento al dispositivo ”, señaló Guerrero.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La bancada de abogados del empresario transportistas Arsenio Quevedo, intimaron a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y al procurador de la República, Jean Alain Rodríguez para dar cumplimiento a la orden de libertad dispuesta el pasado martes por la jueza titular del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La abogada Sonia Marlenys Guerrero, representante legal de Quevedo precisó que también fue notificado mediante un Habeas Corpus, el procurador fiscal de la Corte, Eduardo Velásquez, para que de inmediato se dé cumplimiento al dispositivo que ordena la libertad absolutoria del transportista.
Guerrero afirmó que fue interpuesto ante presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional un recurso de hábeas corpus tendente a sea asignada una sala y se pueda conocer dicha instancia.
“La orden de libertad aún no ha sido ejecutada por la fiscal del Distrito aludiendo que necesita de la sentencia integra de libertad para dar cumplimiento al dispositivo”, señaló Guerrero.
Dijo que la fiscal se mantiene desde entonces en total desacato que lo que establece la ley mediante una orden de libertad interpuesta un juez.
Libertad
Se recuerda que la jueza que preside el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Yissell Soto, descargó el pasado martes al empresario de transporte Arsenio Quevedo, al exregidor Erikson de los Santos Solís y a Cristino Batista, acusados de pertenecer a una red de sicarios que mató a varios choferes.
De acuerdo con los argumentos presentados por el tribunal, los imputados fueron descargos alegando que las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Quevedo, de los Santos y Batista no fueron suficientes.
Sin embargo, el tribunal condenó a 30 años de prisión a los imputados Amaurys Cabreras y Danilo Octavio Reinoso, hallados de culpables de ejecutar el asesinato de los hoy occisos Overnys Guerrero y Ángel Javier, además de incorporar una asociación de malhechores.
Asimismo, impuso a los encarados la indemnización de siete millones quinientos mil pesos (RD$7,500 000,00) cada uno, para favorecer a las víctimas y familiares.
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