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Proponen legislar sobre órdenes de alejamiento

El ex-fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, sugirió legislar para garantizar la eficacia de las órdenes de alejamiento o de protección otorgadas a las víctimas de violencia de género, para evitar los feminicidios, por considerar que ahora no garantizan nada. 

Propuso que los casos de violencia contra la mujer, excepto los feminicidios, inicien por ante el juez de paz del domicilio de la víctima.

Además, sugirió la creación de un Fondo de Asistencia a las mujeres víctimas de violencia, bajo la dependencia del Ministerio de la Mujer, cuyos ingresos provendrían de las multas impuestas a los agresores.

El ex-fiscal envió una carta al director de Listín Diario, Miguel Franjul, en la cual manifestó su apoyo al editorial del 21 de diciembre del 2017, titulado “”rdenes inútiles”, que plantea buscar otras alternativas más efectivas para proteger la vida de las mujeres amenazadas, porque las órdenes de alejamiento han devenido en inútiles o en incapaces de evitar el contacto de esas parejas o exparejas en conflicto.

“Señor director, usted tiene razón, las órdenes judiciales de protección son meros documentos que no garantizan nada, por eso sugiero que se legisle en torno a garantizar su eficacia y eso se podría lograr con la aprobación de nuestra iniciativa”, dijo Hernández.

Recordó que el 13 de junio de 2011 presentó una propuesta legislativa tendente a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres y lograr la eficiencia de las órdenes de alejamiento. Sostiene que en base a su propuesta de ley, esos casos serían conocidos por 175 jueces de paz, en vez de los 32 magistrados de la instrucción radicados en los municipios cabeceras, como ocurre en la actualidad.

“En nuestro proyecto de ley el juez dispondría que el fiscal supervise el cumplimiento de la orden de protección, debiendo presentar al juez informes periódicos y con la facultad de arrestar al denunciado en caso de su violación, sin necesidad expresa de arresto”, expuso.

Dijo que la orden de protección sería registrada y anotada en los antecedentes judiciales del agresor, publicada en un mural del tribunal y notificada al comandante del destacamento de la Policía en donde viva la víctima para su seguimiento.
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