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Obreros de Punta Catalina alegan fueron desahuciados por exigir medidas de seguridad y otros derechos

Los soldadores especializados interpusieron una demanda laboral contra el Consorcio, la CDEEE y la reclutadora de personal RATZ Consulting  a quienes acusan de un desahucio irregular, reclaman el reintegro a sus puestos de trabajos, el pago de los salarios y derechos adquiridos y en reparaciĂłn de daños y perjuicios por un monto que asciende a 7 millones de dĂłlares

SANTO DOMINGO, RepĂşblica Dominicana.- El Consorcio Odebrecht–Tecnimont-Estrella y la CorporaciĂłn Dominicana de Empresas ElĂ©ctricas Estatales (CDEEE) desahuciaron a 53 soldadores  luego de hacer una huelga en reclamo de que se adoptaran las medidas de seguridad para realizar sin peligro los trabajos de soldadura en la construcciĂłn de la planta de Punta Catalina.

AsĂ­ lo afirmĂł Oscar Eduardo RodrĂ­guez Muriel, soldador que labora en Punta Catalina desde el 17 de abril, durante la audiencia de fondo de una demanda por desahucio irregular y fraude laboral que interpusieron 53 soldadores de nacionalidad colombiana contra las empresas que construyen las plantas a carbĂłn .

El testigo relató al juez José Manuel Medina, presidente de la Cámara Civil Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Baní, sobre las supuestas quemaduras en la cara sufridas por uno de sus compañeros ante una manguera rota y cómo otro obrero está imposibilitado de caminar por caerse de una altura mayor a 8 metros al no tener los andamios y el casco protector certificado para trabajar en este tipo de obra.

“Fueron obligados a trabajar sin cumplir con las condiciones de seguridad y protocolos internacionales para labores de esta Ă­ndole, sin los equipos adecuados como uniformes certificados para trabajar en altas temperaturas o cascos adecuados, usando rampas peligrosas para el tipo de obra, sin protecciĂłn del sol o la lluvia”

Los soldadores ”especializados”, segĂşn indica la nota de prensa,  interpusieron una demanda laboral contra el Consorcio, la CDEEE y la reclutadora de personal RATZ Consulting  a quienes acusan de un desahucio irregular, reclaman el reintegro a sus puestos de trabajos, el pago de los salarios y derechos adquiridos y en reparaciĂłn de daños y perjuicios por un monto que asciende a 7 millones de dĂłlares.

Los trabajadores alegan que fueron traĂ­dos al paĂ­s para laborar como soldadores industriales en el proyecto Punta Catalina con un contrato de trabajo que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de 20 meses y fueron desahuciados cuando solo tenĂ­an 3 meses de trabajo.

SegĂşn los abogados Lionel Correa, JoaquĂ­n Luciano, Juan RamĂłn Rosario y Domingo Rojas, los 53 trabajadores fueron desahuciados por reclamar sus derechos en materia de seguridad laboral y las condiciones de seguridad prometidas al momento de contratarlos.

El 12 de mayo de 2017, los trabajadores realizaron un paro de labores en reclamo del cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar dichos trabajos. Los desahucios se produjeron tres días después.

Mencionaron que para ser contratados, se exigiĂł a los trabajadores obtener una certificaciĂłn de la empresa internacional SCHRADER CAMARGO en dos tipos de soldadura, pero al llegar al paĂ­s fueron puestos a trabajar bajo procedimientos distintos a los certificados.

“Fueron obligados a trabajar sin cumplir con las condiciones de seguridad y protocolos internacionales para labores de esta Ă­ndole, sin los equipos adecuados como uniformes certificados para trabajar en altas temperaturas o cascos adecuados, usando rampas peligrosas para el tipo de obra, sin protecciĂłn del sol o la lluvia”, dicen.

Sostienen que para evadir responsabilidades en materia de derecho laboral, los trabajadores fueron desahuciados tres días después de la protesta y obligados a firmar recibos de descargo como condición para entregarle sus salarios acumulados hasta la fecha y pasajes de avión.

“Los pasajes de aviĂłn eran comprados con fecha de partida inmediata para evitar que los trabajadores pudieran buscar asesorĂ­a legal en el paĂ­s o ser escuchados por un juez”, agregaron.

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