SANTO DOMINGO.- RepĂşblica Dominicana es un paĂs anclado en el pasado, razĂłn por la cual nunca puede evidenciar resultados positivos en materia de drogas, segĂşn Casa Abierta, la más antigua entidad dedicada en este paĂs
Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo
El psicĂłlogo Juan RadhamĂ©s de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de la entidad, manifestĂł que el paĂs debe preocuparse más por despenalizar el consumo de drogas y dejar atrás los dogmas de las polĂticas represivas.
Fundada en 1974, Casa Abierta es la primera institución dominicana sin fines de lucro que surgió para el acompañamiento a las comunidades en el diseño y ejecución de estrategias para prevenir el fenómeno de las drogas y otras problemáticas psico- sociales. Es un centro profesional especializado en el abordaje de la realidad desde una perspectiva psico-social.
De la Rosa Hidalgo fija la posiciĂłn de esta instituciĂłn en un documento remitido a ALMOMENTO.NET cuyo texto es el siguiente:
“Recientemente el gobierno de los Estados Unidos, como cada año, volviĂł a incluir a nuestro paĂs entre las naciones que se consideran “grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas”. Esto es que, de acuerdo con esta evaluaciĂłn de los EE.UU., vanos han sido los esfuerzos del paĂs para controlar negocio ilegal de las drogas. Esto, a pesar de que las polĂticas dominicanas contra las drogas están centradas en la represiĂłn y el control. Una polĂtica del pasado, que muchos Estados empiezan a abandonar.
El Tribunal Constitucional de nuestro paĂs nos dio otra evidencia más de que en materia de drogas rige un pensamiento del pasado, incluso en personas de las que se espera mayor lucidez en sus decisiones. Mediante la SENTENCIA TC/0365/17, este tribunal ratificĂł la aberraciĂłn del artĂculo 7 de la ley 50 -88, al concluir que no viola los derechos el clasificar como traficante a las personas con simple posesiĂłn de “LSD o cualquier otra sustancia alucinĂłgena, lo mismo que el opio y sus derivados”. El Tribunal Constitucional emitiĂł su fallo, en contra de acciĂłn directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Juan Carlos Bircann Sánchez, en el año 1998. En contra tambiĂ©n del Dictamen favorable del procurador general de la RepĂşblica para el año 2004, Lic. Francisco Dominguez Brito. Saludamos los honrosos votos disidentes de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, y los magistrados HermĂłgenes Acosta de los Santos, y Jottin Cury David.
Es una sentencia que va a contracorriente de lo que está pasando en otras sociedades. Ya en el año 2009 en Argentina el “fallo Arriola”, “reconoce la inconstitucionalidad en el castigo, a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado”. La Suprema Corte de MĂ©xico, reconoce que los Derechos Humanos, las libertades individuales, la dignidad humana, están por encima de las absurdas polĂticas de guerra contra las drogas, que criminalizan a las personas consumidoras, especialmente a las más jĂłvenes y vulnerables.
El debate se ha abierto en Costa Rica. Se ha despenalizado el consumo en Jamaica. Lo mismo sucede en Colombia. En EE.UU. mismo se abre camino en varios Estados la legalizaciĂłn de la venta de marihuana. Desde 1974 no se persigue a las personas usuarias en Uruguay. En este paradigmático paĂs se cultiva marihuana en predios de las fuerzas armadas para suplir un mercado legal controlado por el Estado. En Europa en general, la persona consumidora no es perseguida, y el consumo problemático es tratado desde la perspectiva de la salud. Portugal despenalizĂł el uso personal, luego de lo cual reportĂł un descenso en los consumos y en los delitos relacionados con las drogas.
Estas sociedades que ya han avanzado en la despenalizaciĂłn de los consumos, otras que incluso han generado niveles de legalizaciĂłn para los consumos recreativos y medicinales, como es el caso del Cannabis o marihuana, ven sus avances en la baja de la criminalidad, entre muchos otros resultados positivos.
Las evaluaciones, estudios, y recomendaciones de expertos de todo el mundo, incluyendo organismos internacionales como la ONU y muchos otros de AmĂ©rica y Europa, concluyen siempre en que la mal llamada guerra contra las drogas es un fracaso. Pero hoy se sabe que estas polĂticas, basadas en legislaciones ultrarepresivas y fuerzas militares y policiales, en realidad son peores que las drogas a las que dicen combatir. Son polĂticas que violan los derechos y la dignidad de las personas usuarias, que en su inmensa mayorĂa (90%), no generan ninguna consecuencia personal, familiar o social.
Pero, tambiĂ©n muchos gobiernos del mundo mantienen a sus paĂses atados al pasado. Uno de esos gobiernos es el de la Republica Dominicana. En nuestro paĂs se aplica, mediante la anacrĂłnica ley 50-88, una de las polĂticas más absurdas que una sociedad puede darse para enfrentar un fenĂłmeno social, como es el de las drogas. Las autoridades dominicanas están muy ocupadas aplicando polĂticas de miedo. Persiguiendo usuarios, pequeños distribuidores y traficantes de poca monta. Se continĂşa aplicando una polĂtica como si fuera un dogma inamovible. Una polĂtica que surgiĂł en los Estados Unidos, basada en estereotipos, discriminaciones, violaciones de derechos. Una polĂtica pĂşblica que mantiene a nuestro paĂs anclado en el pasado. En un estado social y democrático de derecho como el establecido en nuestra ConstituciĂłn, una polĂtica pĂşblica no puede estar cimentada en abusos contra las personas y sus derechos.
En nuestro paĂs, nunca se pueden evidenciar resultados positivos de estas polĂticas abusivas. Solo se nos habla de incautaciones y apresamientos. Estos Ăşltimos son en un gran porcentaje personas usuarias inocentes de las comunidades más empobrecidas de nuestra sociedad. No se puede seguir asĂ. Contra las drogas, nuestra sociedad espera un liderazgo lĂşcido, capaz, preocupado por los derechos y las personas. Es tiempo de obrar con inteligencia, dejando atrás los dogmas de las polĂticas represivas. Es tiempo de levantar las anclas del pasado.
Necesitamos evolucionar hacia polĂticas más humanas, centradas en la reducciĂłn de la demanda. Hay que empezar por despenalizar los consumos y liberar a las personas inocentes que hoy se tratan como delincuentes por solo ser consumidoras. Se debe debatir ampliamente acerca de la regulaciĂłn de las drogas, pues es imposible controlar un producto ilegal. En las polĂticas actuales son los traficantes los que tienen el control, mientras nuestras autoridades se contentan con alardear.
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