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Atribuyen al Estado aumento de riesgos en eventos naturales

Las comunidades asentadas a orillas de ríos, como es el caso del Ozama, están en constante peligro. 

Estar en la ruta de formación de huracanes y tener 12 fallas sísmicas activas, dos de ellas con potencial para producir terremotos de magnitud superior a siete, expone a República Dominicana a la ocurrencia de fenómenos naturales catastróficos.

Si hablamos del “Índice de Riesgo Climático 2016 de Germanwatch”, la nación ocupa el lugar once entre 183 países del mundo más afectados por el cambio climático y el quinto en América Latina y el Caribe.

Asimismo, el informe World Risk Report de 2015 coloca al país caribeño en el lugar 25 del ranking de 171 países con mayores riesgos ante eventos naturales, con 49% de vulnerabilidad.

Su posición no se aleja mucho a su vecino Haití, que se ubica el puesto 21, con 73.36% de vulnerabilidad. De acuerdo con esta investigación, el más riesgoso de todos es Vanuatu, con una exposición de 63.66%. Expertos en gestión y mitigación a desastres consultados coinciden en que el problema de República Dominicana no es tanto su ubicación geográfica, sino los asentamientos en lugares no apropiados.

Según datos de la Comisión Nacional de Emergencia, el 60% de suelo dominicano es vulnerable a inundaciones y de este porcentaje entre el 60 y el 70% está expuesto a posibles deslizamientos de tierra.

En ese sentido, el director de la Sociedad Dominicana de Mitigación y Desastres, Juan Marmolejos, explica que la vulnerabilidad de un lugar se mide por su ubicación y características geográficas así como por el tipo de estructura y edificación construida. Atribuye la vulnerabilidad en los asentamientos humanos a la “falta de control de las autoridades que nos colocan por encima del promedio” y a la ausencia de una cultura de prevención a emergencia y desastres.

Consideró que los ayuntamientos tienen su cuota de responsabilidad al no priorizar las obras de infraestructura para mitigar los efectos de eventos catastróficos y a la permisibilidad en la formación de comunidades en zonas de peligro. Criticó que en la mayoría de los municipios del país el departamento de control de viviendas no funciona. “Estamos creando focos del vulnerabilidad autorizados y eso aumenta el nivel de riesgo en el país”, sostuvo.

Agregó que esta dejadez se evidencia cuando ciclones amenazan con afectar al país, porque es en ese momento cuando el gobierno de turno ordena las evacuaciones de lugar.

El consultor en gestión de riesgo recomienda crear cordones de seguridad que impidan que zonas vulnerables sean habitadas y aumentar su resistencia y resiliencia, que no es más que la capacidad que tiene una población de restablecerse por sí misma ante un desastre.

Sobre el tema, el geólogo Osiris de León consideró que para compensar su responsabilidad en este sentido, el Estado debe abocarse a un plan de ordenamiento territorial en las cuencas bajas de los principales ríos del país “es que hemos estado complicando el problema. Aquí se construye igual en suelo y sobre roca, sobre arcilla y sobre arena, sobre caliche y sobre roca volcánica”, aseguró.

Para el experto, el problema radica en la falta de interés del Estado en enfrentar la situación.

Las comunidades más afectadas con los fenómenos naturales, a consecuencia del cambio climático, son aquellas ubicadas cerca de ríos, arroyos y cañadas y en terrenos poco resistentes.
Puntualizó en que la zonas de vulnerabilidad son bien conocidas, como el Bajo Yuna, en la provincia Duarte que tiene uno de los ríos más caudalosos del país (Yuna) y la presa de Hatillo de vertido libre (sin compuertas) haciéndola propensa a inundaciones. Mencionó también la Línea Noroeste, específicamente el poblado Palo Verde, en Montecristi, lugar que pocas veces queda libre de inundaciones cuando abundan las precipitaciones.

“Con frecuencia estamos teniendo las mismas inundaciones y no hemos enfrentado el problema”, enfatizó.

Precisamente en esta zona y en la provincia Montecristi fueron desplazadas más de ocho mil personas debido a los efectos del huracán María en el país, según el boletín de COE.

De León recordó la tragedia de Mesopotamia, poblado asentado a orillas del río en la provincia sureña San Juan, cuando el 22 de septiembre de 1998 el huracán George provocó una crecida que arrastró la comunidad muriendo una cantidad indeterminada de personas. Deploró que en lugar de ordenar la no habitabilidad del lugar se permitan más asentamientos con un proyecto habitacional levantado por el Gobierno dominicano y un distrito escolar en la zona de inundación.

Al momento de hablar de zonas altamente vulnerables, la ribera del Ozama y su afluente Isabela son probablemente los lugares más representativos.

“¿ Por qué los gobiernos permiten que la gente se ubique allí? Porque tienen aviso de algún político de que si el río se desborda y las casitas se van, ellos van a estar en una lista de damnificados que es una opción para recibir apartamentos de parte del Gobierno de turno”, sostuvo.

Justamente en la ribera oriental y occidental del río Ozama, en La Barquita, el Gobierno reubicó a 1,400 familias hacia un proyecto habitacional modelo. Osiris advierte que si no se invierte en la solución definitiva del problema, años tras años los gobiernos gastarán cuantiosos recursos en operativos para resarcir daños a la agricultura, al sector ganadero y en el levantamiento de estructuras.

Sismos

Los sismos también representan una amenaza para el país y de acuerdo con el ingeniero geólogo el lugar donde se construya aumentará el riesgo ante desastre.

Criticó que al momento de autorizar construcciones se obvien los criterios establecidos en sismo resistencia, especialmente en edificaciones sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y estadios.

En ese sentido, dijo que el país necesita urgentemente una microzonificación sísmica de todos los núcleos urbanos de forma tal que el Estado y la sociedad conozcan cómo responden los suelos que habitan.

Desigualdad social limita capacidad de resiliencia

El Informe Primera Línea 2015 en República Dominicana, desarrollado por la Global Network for Disaster Reduction (GNDR), red internacional de más de 800 organizaciones de la sociedad civil, indica que el factor que más limita la capacidad de una comunidad de construir resiliencia frente a los desastres es la desigualdad económica y social. Entre las conclusiones expuestas destacan que “para poder fortalecer la resiliencia de las comunidades y sus capacidades de proteger sus vidas, sus medios de subsistencia y sus bienes frente a desastres, es necesario que la población a nivel local reciba capacitación en el tema de reducción de riesgos y que se faciliten procesos de empoderamiento donde las personas puedan identificar sus propias capacidades y conocimientos.

Marmolejos
Esta vulnerabilidad es por la falta de control de las autoridades y a la ausencia de una cultura de prevención a emergencia y desastres”.

Osiris
Con frecuencia estamos teniendo las mismas inundaciones y no hemos enfrentado el problema”.
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