El autor es periodista. Reside en Monte Plata.
El Procurador General de la República está muy equivocado si cree que el pueblo quiere un acuerdo de aposento con aquellos funcionarios corruptos que se prestaron a sobrevaluar obras a cambio de cuantiosos sobornos de Odebrecht.
Con el acuerdo a que habrían arribado la Procuraduría General de la República y Odebrecht no se solucionía el problema porque con el mismo lo que se busca es la impunidad de aquellos funcionarios del gobierno que se prestaron a sobrevaluar obras a cambio de cuantiosos sobornos.
Simple y llanamente es inaceptable que se quiera imponer al pueblo un acuerdo en que se quiera es tapar a las malas acciones de aquellos funcionarios que aceptaron dinero mal habido como soborno para encubrir el robo de los dineros del pueblo.
El país tiene derecho a saber todo lo relativo al acuerdo de “aposento” y el Procurador General de la República ni nadie puede abrogarse el derecho de ocultar la verdad de todo este escándalo y tratar de que el mismo no se esclarezca.
El hecho de arribar a un entendimiento con los corruptos en perjuicio de los intereses del pueblo es algo bochornoso y que en realidad lo que se buscar es impunidad para los malos dominicanos que se beneficiaron de los sobornos de Odebrecht.
Todo el que incurrió en esta sinrazón debe ser investigado y procesado judicialmente, porque de no hacerse así se estaría creando un mal precedente para el futuro del país y no estamos en disposición de aceptar esto como bueno y válido.
El Procurador General de la República debe saber que el país no puede aceptar que se incurra en violaciones a la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión porque de no aplicarse las debidas sanciones a los violadores estaría creando un mal precedente para las presentes y futuras generaciones.
Esta legislación establece bien claro, que “todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas, que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno y como tal será castigado”.
Así es que tenemos que unirnos todos para que los culpables vayan a la cárcel y devuelvan al Estado los cuantiosos recursos propiedad del pueblo de los cuales se han apoderado indebidamente. Señor procurador no queremos acuerdo de aposento.
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